Abogado de delitos contra la seguridad vial

Conviene contactar con un abogado especialista en delitos contra la seguridad vial si te han parado en un control y has dado positivo en alcohol o drogas, si te acusan de negarte a realizar la prueba de alcoholemia, si te investigan por conducir sin permiso, si has sido citado para un juicio rápido, si te acusan de exceso de velocidad delictivo, si ha habido un accidente con lesiones o fallecidos, si existe una acusación por conducción temeraria, si has conducido con pérdida de puntos o con privación judicial del permiso, o si eres víctima de un accidente imprudente y quieres ejercer la acusación. En esta materia muchas decisiones importantes se toman muy pronto, por lo que es fundamental revisar el caso antes de declarar o conformarse.

Negarse a realizar las pruebas legalmente establecidas constituye un delito autónomo. Se trata de una acusación especialmente delicada porque puede dar lugar a pena de prisión y retirada del permiso, y en muchos casos concurre además con la acusación por alcoholemia. Por eso la defensa debe estudiar con detalle el contexto del requerimiento, la actuación policial y las circunstancias concretas del caso.

El exceso de velocidad solo pasa a ser delito cuando supera determinados umbrales fijados por el Código Penal. Aquí resulta esencial analizar el tipo de vía, la velocidad permitida, la velocidad captada, los márgenes de error, la homologación y revisión del radar y la forma de medición. En algunos procedimientos la clave está precisamente en verificar si la velocidad atribuida al conductor realmente supera el umbral penal una vez aplicados los márgenes técnicos correspondientes.

Este delito puede darse en varios supuestos: conducir tras perder todos los puntos, conducir tras haber sido privado judicialmente del permiso o conducir sin haberlo obtenido nunca. En estos casos conviene estudiar especialmente la notificación de la pérdida de vigencia, la resolución administrativa o judicial previa y el conocimiento real del conductor sobre su situación en el momento de los hechos.

La conducción temeraria exige algo más que una infracción de tráfico. Supone una forma de conducir que prescinde de las normas más básicas y que genera un peligro concreto para otras personas. Es clave diferenciar entre la infracción administrativa grave, la conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal y la conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás del artículo 381. La línea entre unas figuras y otras puede ser determinante en la pena final.

Cuando una conducta relacionada con la seguridad vial provoca lesiones o muerte, la situación se agrava notablemente. En estos casos no solo se discute el riesgo vial, sino también el resultado lesivo, la imprudencia y la responsabilidad civil derivada del accidente. La defensa o acusación debe trabajar tanto la parte penal como la indemnizatoria de forma coordinada.

Cuando se produce un accidente con víctimas, abandonar el lugar puede tener relevancia penal. Es una figura que requiere estudiar bien cómo ocurrió el hecho, si existía conocimiento de la situación y si concurren los presupuestos exigidos legalmente para apreciar el delito.

Muchos delitos de seguridad vial se tramitan como juicio rápido. Eso significa que el procedimiento avanza muy deprisa y que desde el primer momento pueden plantearse decisiones relevantes, incluida una posible conformidad. Por eso es un error pensar que se trata de asuntos simples o automáticos. Antes de aceptar una conformidad conviene estudiar la solidez de la prueba, los defectos del atestado, la viabilidad real de la acusación, las consecuencias penales y administrativas y si existe margen para una mejor solución. En algunos casos la conformidad puede ser razonable; en otros, aceptar demasiado pronto puede ser un error con consecuencias duraderas.

Las consecuencias dependen del delito concreto y de las circunstancias del caso, pero pueden incluir prisión, multa, trabajos en beneficio de la comunidad, retirada del permiso de conducir, pérdida de vigencia del carnet, antecedentes penales y responsabilidad civil por lesiones o daños causados. En supuestos de reincidencia, lesiones graves, negativa a la prueba o acumulación de delitos el impacto puede ser considerablemente mayor.