Un abogado administrativo defiende a particulares y empresas frente a las decisiones de la Administración Pública: sanciones, multas, denegaciones de licencias y resoluciones desfavorables. En España, el recurso de alzada se interpone en 1 mes si el acto es expreso; si no lo es, puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se producen los efectos del silencio (art. 122.1 de la Ley 39/2015). El recurso contencioso-administrativo se interpone, con carácter general, en 2 meses desde el día siguiente a la notificación del acto expreso que pone fin a la vía administrativa (art. 46.1 LJCA). El incumplimiento de estos plazos hace que la resolución devenga firme e irrecurrible. La responsabilidad patrimonial permite reclamar una indemnización por toda lesión que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, si el daño es efectivo, evaluable económicamente e individualizado y no existe el deber jurídico de soportarlo (art. 32 de la Ley 40/2015). Lega-Link te pone en contacto con un abogado administrativista de un despacho colaborador en menos de 24 horas.